Guía de políticas públicas en el ámbito estatal en materia de agua potable y saneamiento
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se deberá exhibir una credencial que los
acredite como familia en condiciones
de vulnerabilidad. En el caso de México
no se tiene aún información completa
y confiable que permita seleccionar a la
población objetivo de manera adecuada,
pues en general requiere de un análisis
del comportamiento de la demanda por
parte del prestador de servicio, de las
familias vulnerables merecedoras del
subsidio y el costo de generar y adminis-
trar esta información podría tener costos
elevados.
Un cambio de política de tarifas que promueva
la eficiencia económica y la suficiencia finan-
ciera son condiciones necesarias para ampliar la
cobertura y calidad de los servicios. Los cambios
de políticas de tarifas que implican una raciona-
lización de los subsidios generalmente generan
rechazo social y político. Por ello, tales cambios
deben ir acompañados de campañas de edu-
cación ciudadana para explicar las razones del
cambio y quiénes son los perjudicados y benefi-
ciados con la reforma de programas de inversión
paralelos para mejorar la calidad, eficiencia y
cobertura de los servicios (Yepes, 2003).
7.1.1 Importancia y propósito
de la tarifa y del
cobro por consumos y
descargas
Es responsabilidad de los usuarios cubrir la ta-
rifa por sus consumos de agua y descargas de
aguas residuales de manera proporcional a lo
que le cuesta al operador atenderlos.
El objetivo principal de cobrar una tarifa es re-
cuperar el costo de operación del proveedor
del servicio. Adicionalmente, se persigue que
la tarifa observe principios de sustentabilidad
(económico-financiera, social y ambiental), efi-
ciencia (asignativa y productiva) y de equidad
(horizontal y vertical).
Para lograr la sostenibilidad económica-finan-
ciera es necesario que el prestador de servicios
aplique una política tarifaria que logre recuperar
todos los costos reales (costo económico), que
resultan de la explotación de nuevas fuentes de
agua, de la expansión de los servicios y de su
operación y mantenimiento. El concepto de costo
económico, refleja la diferencia entre los costos
“con el proyecto” y “sin el proyecto”, condición
no necesariamente igual a “antes” y “después”
del proyecto. Por ejemplo, una planta de trata-
miento mal mantenida se deteriora rápidamente
y va perdiendo capacidad de tratamiento (si-
tuación “sin el proyecto”); el “proyecto” de
rehabilitación recuperaría la capacidad original.
La situación “antes” del proyecto es una “foto-
grafía” de planta deteriorada que no toma en
cuenta la pérdida paulatina de su capacidad.
El costo económico, llamado también costo
marginal o incremental (CM), se define como
el costo de proveer una unidad adicional del ser-
vicio. Una aproximación al costo marginal es el
concepto de Costo Incremental Promedio (CIP),
el cual representa el costo promedio (sobre un
horizonte del orden de 5 a 20 años de expansión
de los servicios), tanto de las inversiones como
de los costos operacionales incrementales adi-
cionales requeridos para atender oportunamente
la demanda adicional durante este período. Por
su naturaleza, el CIP debe considerarse como
un costo variable y el detonante de la generación
de economías de escala (Yepes, 2003).
La tarifa igual al costo marginal, asegura la
asignación eficiente de los recursos y que los
