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Viabilidad y barreras para el ejercicio del derecho humano al agua y saneamiento en México
Aspectos institucionales y jurídicos que
rigen al acceso al agua y al saneamiento
Hemos asumido, desde el principio, que el acceso al agua limpia y suficiente
es un derecho fundamental de toda persona y postulamos que, si bien ese
derecho es una conquista moral de la humanidad, la concomitante acepta-
ción de la responsabilidad que tiene el ser humano por la naturaleza, no sólo
es también un triunfo ético, sino la condición de posibilidad de que ese dere-
cho alcance a cumplirse. Entonces, estamos obligados a hacernos cargo de
que el derecho al agua –como todo derecho humano– y la responsabilidad
ambiental para lograrse a plenitud, habrán de ejercerse de manera conjunta.
En el caso de nuestro país, a partir de la reforma publicada en el
Diario
Oficial de la Federación
el 8 de febrero de 2012, el derecho humano al agua
está consagrado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, relativo al derecho a un medio ambiente sano, al agua y
al saneamiento. En su parte medular respecto al tema que nos ocupa, dicho
artículo establece que:
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo
dispuesto por la ley.
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua
para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable
y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases,
apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los re-
cursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades
federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la
consecución de dichos fines.
El texto y el espíritu de este artículo constitucional mexicano están asociados
con los esfuerzos diplomáticos, compartidos por la mayoría de los países,
para alcanzar el establecimiento de políticas públicas que comprometan a
los gobiernos a tomar medidas tangibles que detengan el deterioro del medio
