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En la implementación del derecho humano al
agua, además de los componentes que le son
inherentes y que se abordaron en el capítulo an-
terior y se explican a detalle en los siguientes,
existen temas que son de atención transversal
para lograrlo. Estos temas se desarrollan en este
capítulo a fin de tener claridad de la importancia
que revisten y el impacto que tienen en el cum-
plimiento del derecho.
2.1 Políticas públicas
Las políticas públicas se pueden considerar
como parte de un conjunto de soluciones especí-
ficas, concretas y determinadas, destinadas a la
gestión de ciertos asuntos públicos
4
que muchas
veces se caracterizan por presentar situaciones
socialmente problemáticas.
2
Temas transversales en la
implementación del derecho humano
al agua
Las políticas públicas no son un fin en sí mismas,
sino que son un medio para dar respuesta a una
problemática social específica. Si se conciben de
esta manera, las políticas públicas pueden ser
una alternativa real para mejorar la calidad de
vida de un grupo específico de ciudadanos, pues
es la forma más apropiada —y hasta ahora la
más comúnmente utilizada— para transformar
la realidad.
La preocupación por las políticas públicas en el
sector hídrico recae en la evidencia de que una
buena prestación de los servicios de agua po-
table y saneamiento es relevante para la salud
pública, la equidad social, el desarrollo econó-
mico y la sustentabilidad ambiental.
2.1.1 Etapas de la política
pública
La política pública es un proceso integrador de
decisiones, acciones, acuerdos e instrumentos
propuestos por autoridades públicas con la
participación de la sociedad y encaminado a so-
lucionar o prevenir una situación definida como
problemática (Velásquez, 2009).
4
Un asunto o problema público hace referencia a una
situación que afecta negativamente a la comunidad, perjudica
el bienestar de la población o transgrede algún aspecto de la
vida de los ciudadanos, por lo que se desprende la necesaria
intervención del Estado para la solución de esa inequidad,
pues ni los individuos ni las asociaciones lo pueden hacer por
sus propios medios. El problema público es una construcción
social y debe tener el reconocimiento de la misma sociedad
(Salazar, 2012).
