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Introducción
El derecho humano al agua, consignado en la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en febrero de 2012, impone un
enorme reto al Estado para garantizar su cum-
plimiento, ya que la necesidad de una serie de
adecuaciones legales y políticas en los ámbitos
federal, estatal y municipal, así como la partici-
pación activa de los tres órdenes de gobierno y
de la ciudadanía.
El derecho humano al agua se encuentra íntima-
mente ligado a la provisión integral de servicios
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado
y tratamiento y disposición de aguas residuales
como la forma natural de lograr su consecu-
ción; concebir dichos servicios separadamente
es entorpecer el cumplimiento de este derecho
humano.
Los criterios internacionales del derechohumano
al agua reconocen la necesidad de proveer
servicios de calidad, accesibles, asequibles,
suficientes y sostenibles a la población; por ello,
se convierte en una necesidad indispensable
fortalecer e impulsar al subsector de agua
potable y saneamiento a fin de enfrentar el
reto que supone este derecho; de lo contrario,
no es posible pensar en garantizarlo de forma
sostenible.
Al ser el acceso al agua un derecho humano, el
individuo se encuentra en posibilidad de recu-
rrir a los medios de defensa y garantía consti-
tucionales si se siente vulnerado en la esfera del
derecho; sin embargo, en la interpretación de
éste y ante la ausencia de criterios nacionales
para su observancia acordes a nuestra realidad,
el juzgador puede llegar a emitir resoluciones
cuyo cumplimiento no sea técnica o económi-
camente viable para los organismos operadores,
colocándolos en un estado de riesgo financiero.
Ante esto, es imprescindible que los estados y
municipios cuenten con criterios uniformes y
válidos sobre el cumplimiento del derecho y para
la provisión sostenible de los servicios públicos
mencionados. Esto, además de otorgar seguridad
a los organismos operadores y a los ciudadanos,
aumentará la confiabilidad de estos últimos al
conocer claramente los componentes que inte-
gran su compromiso y al contar con elementos
para la evaluación objetiva de su desempeño.
El Gobierno Federal, a través de la Comisión
Nacional del Agua (Conagua), ha emprendido
una serie de acciones encaminadas a lograr las
metas expuestas. La presente guía de políticas
públicas en el ámbito estatal en materia de agua
potable y saneamiento se suma a estas actuacio-
