Guía de políticas públicas en el ámbito estatal en materia de agua potable y saneamiento
16
y jurídico nacional. Esto no significa
necesariamente que el Estado tenga
que encargarse de prestar los servicios
directamente, pero sí implica que
el Estado debe adoptar las medidas
adecuadas para que se presten, ya sea
a través de los servicios municipales, o
con apoyo de terceros. La facilitación,
promoción y regulación de los
servicios son siempre obligaciones
gubernamentales.
Entre las obligaciones de efecto inmediato se en-
cuentran las siguientes:
• Garantizar el acceso a la cantidad
esencial mínima de agua, suficiente y
apta para el uso personal y doméstico y
la prevención de enfermedades.
• Asegurar, sin que medie discriminación,
el acceso al agua y a las instalaciones y
servicios de agua.
• Garantizar la accesibilidad física a las
instalaciones o servicios de agua y cuidar
que no se vea amenazada la seguridad
personal en la obtención del agua.
• Establecer una distribución equitativa
de todas las instalaciones y servicios de
agua disponibles.
• Adoptar y aplicar una estrategia y plan
de acción nacional que garantice el agua
para toda la población.
• Vigilar el grado de realización del
derecho humano al agua.
• Adoptar programas de agua orientados
a fines concretos y de relativo bajo costo
para proteger a los grupos vulnerables y
marginados.
• Adoptar medidas para prevenir, tratar y
controlar las enfermedades asociadas al
agua, con énfasis en el acceso a servicios
de saneamiento adecuados.
1.2.2 Coordinación y
colaboración entre los
tres órdenes de gobierno
en el ejercicio de sus
competencias
Por colaboración se entiende la acción de dis-
tintos actores en la búsqueda de los mismos
objetivos; es todo proceso donde se involucre
el trabajo de varias personas o instituciones en
conjunto, tanto para conseguir un resultado de
difícil realización individual, como para ayudar
a lograr algo a quien por sí mismo no podría.
En tanto, por coordinación se entiende la acción
de concertar medios, esfuerzos, objetivos, líneas,
etcétera, para una acción común. Asimismo, es
el acto de gestionar las interdependencias entre
actividades y sus distintos actores. En política
pública, se refiere a la relación entre distintas
administraciones públicas con competencias en
una zona determinada (por ejemplo, entre los
gobiernos federal, estatales y municipales) en-
cargadas de implementar una línea de política
en común, pero también se incluyen organi-
zaciones de la sociedad civil y representantes
ciudadanos con intereses coincidentes.
Tanto la colaboración como la coordinación
entre los tres órdenes de gobierno constituyen
un aspecto clave para la formulación e imple-
mentación de las políticas públicas. Por ello, es
indispensable contar con protocolos eficientes,
establecidos por escrito, en donde se especifi-
quen de forma clara los rubros y procedimientos
para llevar a cabo estas actividades, constitu-
yendo los cuerpos colegiados necesarios para
