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derecho humano al agua
dar seguimiento a las acciones, así como los cri-
terios de evaluación.
Para ello, es necesario que los instrumentos de
planeación inherentes al sector, especialmente
el Programa Nacional Hídrico, los programas
hídricos regionales y los programas hídricos es-
tatales y de cuenca estén actualizados, vigentes
y concordantes en las acciones. Estos instru-
mentos deberán traducirse en políticas públicas
para su implementación.
La distribución constitucional de competencias
en materia de agua, legislativas y reglamenta-
rias asignadas a cada uno de los tres órdenes de
gobierno en conjunto abonan al cumplimiento
del derecho humano al agua (véase el capítulo
2). En tanto no se emita la legislación especial
3
,
el cumplimiento del derecho se debe articular
conforme a las facultades ya asignadas a cada
orden de gobierno. Ante esta distribución es ne-
cesario que las dependencias se coordinen entre
sí y participen en el cumplimiento de las obliga-
ciones descritas en el apartado anterior mediante
acciones determinadas encaminadas al mismo
fin, evitando duplicidades de esfuerzos.
Los temas en que se considera indispensable la
coordinación son los siguientes:
• Planeación para el cumplimiento
progresivo del derecho humano al agua.
• Financiamiento de los programas.
• Esquemas de participación o asociación
intermunicipal para la prestación de los
servicios.
• Profesionalización y certificación en el
sector.
• Mecanismos de participación social.
• Establecimiento y actualización de un
Sistema de Información del Subsector
• Cultura, educación, ciencia y tecnología
del agua.
• Prevención y atención de efectos
causados por la ocurrencia de
fenómenos hidrometeorológicos.
• Establecimiento de esquemas tarifarios
que permitan la sostenibilidad de los
servicios y la asequibilidad de los mismos.
3
El artículo tercero transitorio de la reforma constitucional
del 8 febrero de 2012 mandata la emisión de la Ley General
de Aguas.
