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Tecnología y Ciencias del Agua
, vol. VIII, núm. 1, enero-febrero de 2017, pp. 5-20
Minaverr y,
Consumidores y usuarios del servicio del agua en Argentina. Enfoques jurídicos
ISSN 2007-2422
• Método de la hermenéutica jurídica: se
contrastó normativa de dos jurisdicciones
de Argentina: nacional y de la Provincia de
Buenos Aires, y se analizaron instrumentos
internacionales y una selección de casos
jurisprudenciales.
• Sistema de indicadores de Global Integrity:
se seleccionó y aplicó una única categoría de
indicadores, que a su vez fueron adaptados
para su aplicación al ámbito jurídico, para
el análisis de los organismos de control y
de instrumentos jurídico-administrativos
disponibles.
Global Integrity
es un proveedor de informa-
ción que analiza las tendencias de la corrupción
y del buen gobierno en los diferentes países del
mundo y es reconocido por su reporte anual
sobre integridad (
Global Integrity Report
). Este
informe consiste en una compilación de estu-
dios de casos de países (tanto cualitativos como
cuantitativos) preparados por investigadores y
académicos.
Estos indicadores de integridad evalúan
diversas cuestiones normativas e institucio-
nales vinculadas con la apertura y calidad del
gobierno.
A continuación se describirá una parte de
la matriz de indicadores de Global Integrity
(que en su totalidad consta de 23 divididos en
seis categorías), que fue seleccionada y tomada
como base para nuestro trabajo:
Supervisión y controles por parte del Estado:
1. Control de empresas públicas.
2. Licencias comerciales y normativas.
La primera clase de indicadores son los
legales
y miden la existencia de un marco jurí-
dico tendiente a lograr un eficiente control del
servicio del agua respecto de la efectividad y
aplicación de las normas jurídicas vigentes.
Además, analiza la cantidad de leyes, regla-
mentos y/o instituciones existentes en el ámbito
seleccionado.
La segunda clase de indicadores son los
prácticos
, que miden la implementación y
aplicación del marco normativo (con las herra-
mientas jurídicas que se dispone), esto es, la
calidad de la jurisprudencia, las denuncias por
incumplimientos legales (si fueron efectivas o
no), las encuestas o los índices de percepción
de la corrupción, las estadísticas e información.
Para puntuar a los indicadores legales en
caso de que sean “positivos”, se les asignará un
puntaje de “100” y en caso de que sean “negati-
vos”, el mismo será de “0”.
Para los indicadores prácticos, el puntaje se
le asignará con un criterio más discrecional (en
este caso del investigador), y será el siguiente:
0, 25, 50, 75 o 100, a partir de si es positivo o
negativo (en este último caso será “0”).
La diferencia existente entre el puntaje obte-
nido por los indicadores legales y los prácticos
es considerada como el
espacio
a llenar e indica
los aspectos faltantes. Esto sugiere:
• Creación o modificación de instituciones.
• Dictado de nuevas normas jurídicas.
• Tratamiento de cuestiones vinculadas con el
ámbito político (que no serán analizadas en
la presente investigación).
Este sistema considera que cuando apare-
cen
vacíos grandes
, estos indicadores estarían
sugiriendo que no existe intención de realizar
reformas legales, o si la hay, no fueron relevan-
tes y/o efectivas.
El espacio territorial nacional e internacional
y el de Provincia de Buenos Aires en Argentina
se justifica en la posibilidad de contrastar dos ju-
risdicciones de Argentina, que presentan distin-
tos desarrollos normativos y jurisprudenciales.
El ámbito temporal seleccionado correspon-
de al periodo desde 1993 hasta la actualidad,
pues ese año comenzó a regir la concesión del
servicio de agua través de la empresa Aguas
Argentinas S. A. Luego, en 2006, se rescindió
el contrato respectivo, por lo que este escenario
resulta propicio para realizar un análisis com-
parativo de ambas situaciones.
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