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Las regulaciones ambientales que adquirieron importancia en la década de
los años 90 bajo el paradigma de la sustentabilidad surgido de conferencias
internacionales, dieron lugar a paradojas y tensiones entre los derechos
humanos –también reivindicados en instrumentos jurídicos mundiales y
nacionales- y la ocupación del suelo de conservación y de áreas naturales
protegidas (Pírez, op.cit). Por definición, la ocupación de estas zonas es ile-
gal y, por consiguiente, no se consideran sujetas a la provisión de servicios
de agua y saneamiento. Ante esto, la gente se provee de los servicios me-
diante el acarreo, la compra de agua en pipas y embotellada, con lo que
esta población en situación de pobreza tiene que invertir una parte despro-
porcionada de sus ingresos en la obtención del agua. Asimismo, la ausencia
de servicios de drenaje o saneamiento redunda en un mayor deterioro de
los recursos naturales reservados para guardar el equilibrio ecológico y los
servicios ambientales a las ciudades.
Recientemente se ha difundido el concepto de gentrificación que alude
al proceso mediante el cual la población original de un sector o barrio, ge-
neralmente céntrico y popular, es progresivamente desplazada por otra de
un nivel adquisitivo mayor (Rojo, 2016).
La informalidad ha sustituido a la noción (y teoría) de la marginalidad, ajus-
tándose a las tendencias del libre mercado prevalecientes en el nuevo siglo
(Jaramillo, op. cit.). La resolución de situaciones anómalas (ilegales), como
la persistencia de tomas clandestinas o la falta de una cultura de pago por
los servicios de agua y energía eléctrica, ha dado lugar a políticas de pri-
vatización de los servicios –o parte de ellos-, al cobro de los servicios a
precios de mercado, a mecanismos pre-pago, cortes de los servicios y la
reducción de los subsidios al consumo.
