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Estudio ecosistémico del lago de Pátzcuaro
demasiado lejos del lugar donde se originan y vi-
ven los problemas que intentan solucionar (Ga-
ribay, 1993). En la práctica, la operación de estos
programas propicia la formación de grupos de
interés y debilita las instancias locales de deci-
sión, lo cual obstaculiza la continuidad y la efi-
ciencia de las acciones y termina debilitando el
tejido social de las comunidades (Castilleja, op.
cit.; Esteva, 1997; Garibay, op. cit.). Uno de los
impactos sociales negativos generado por los
programas de gobierno ha sido la disminución
de la disposición de los habitantes para realizar
algunos trabajos no remunerados de beneficio
comunal, conocidos como “faenas”, esto debido
a programas que ofrecían pagar por estos servi-
cios (reforestación).
En el caso de la política pesquera en el Lago de
Pátzcuaro, también resulta pertinente la crítica
de Martínez Sifuentes (2002), quien señala que
las políticas que afectan a la población indíge-
na con frecuencia excluyen a la población de la
toma de decisiones sobre el diseño, instrumen-
tación, control y evaluación de los programas
que los involucran y las políticas que los afectan
(el autor se refiere específicamente a la veda im-
plementada de 1998 a 2000). Explica que:
“los pueblos indígenas del país están sujetos
a la discrecionalidad de las instituciones, al
humor y la buena voluntad del gobernante
en turno, a modelos de relación tradicional
entre el Estado y los pueblos indígenas en
donde estos son tratados como menores de
edad y las instancias de gobierno toman ac-
titudes de asistencialismo y paternalismo,
cuando no de franca omisión y hasta discri-
minación” (Martínez Sifuentes, 2002).
En el prefacio de las recomendaciones del Con-
sejo Estatal de Ecología de Michoacán, COEECO,
de 2002 –responsable de llevar a cabo el proce-
so de consulta a las uniones de pescadores res-
pecto al ordenamiento pesquero- para el orde-
namiento pesquero del Lago de Pátzcuaro, este
organismo reconoció que “los problemas pes-
queros se han abordado de una manera parcial,
con una visión solamente técnica y legal, sin
tomar en cuenta los aspectos socioeconómicos
y la participación activa de la ciudadanía que es
fundamental para la solución de los mismos”.
Ante esto, el COEECO propuso al Gobierno del
Estado, abrir espacios de debate y consenso
para la política pesquera (COEECO, 2002). Sin
embargo, en la actualidad, no se han concreta-
do espacios o instancias efectivas que permitan
a las uniones o sus representantes decidir o inci-
dir directamente en la política pública que tanto
los afecta. Tal es el reclamo recurrente y muy
sentido, por poner un ejemplo, de la forma en
que opera el dragado. Según lo manifiestan pes-
cadores de diversas comunidades, el dragado no
respeta zonas ni temporadas de reproducción y
desove de los peces, enturbia el agua y destru-
ye la vegetación nativa sin remover el lirio de
forma eficaz. Todo esto se realiza sin consultar-
los, transgrediendo lo que ellos perciben como
territorios lacustres de propiedad comunal (en-
trevistas). Para Garibay (1993), una posible solu-
ción a este tipo de problemas es precisamente
“transmitir las tomas de decisión sobre el ma-
nejo de la cuenca del Lago de Pátzcuaro a las
instancias locales”. Sin embargo, este escenario
parece aún menos probable.
Haciendo el análisis de la política pesquera has-
ta 1993, Garibay ya había advertido de un error
al intentar resolver los problemas ambientales
de la cuenca “desde un punto de vista mera-
mente técnico, nunca como problemas de una
organización social actuante dentro de un es-
pacio territorial determinado”. En este sentido
cabe la advertencia de que el problema del ma-
nejo de la pesca y de la extracción de la carpa
debe analizarse y buscar soluciones técnicas
pero sobretodo sociales, dirigidas a la inclusión
de los pescadores y comerciantes en la toma de
decisiones y la implementación de las regula-
ciones y acciones adecuadas para atender estas
problemáticas. Garibay también observó la falta
