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Gobernanza ambiental del lago de Pátzcuaro y la pesca
biología pesquera y los proyectos de acuacultu-
ra y cría de peces nativos. La impresión de estos
pescadores es que el sector es utilizado para jus-
tificar acciones como éstas que en poco ayudan
a revertir o detener el deterioro del lago y que
no obstante demandan cuantiosos recursos que
tampoco han logrado potenciar el desarrollo
económico de las familias de pescadores (entre-
vistas). Este no es un fenómeno reciente, ya que
en la literatura se documenta una continuidad
discursiva respecto al deterioro de la pesca en
más de cincuenta años (Solórzano, 1955; Salinas
de Gortari, 1987).
Un análisis interesante acerca de las fallas de la
política pesquera es presentado por Ortiz (2004).
De acuerdo con este autor, las formas de plani-
ficar y llevar acabó la política pública que ame-
nazan la administración de las pesquerías (y que
por tanto deberían evitarse en la formulación de
un plan de extracción para la carpa) son:
(1)
Pensar según esquemas predefinidos que no
se adaptan a las condiciones actuales locales
(programas federales instrumentados de for-
ma vertical);
(2)
Confianza excesiva en reglas simples de vota-
ción como mecanismo primario de decisión
para las opciones colectivas en vez de negociar
y dialogar consensos
(la instrumentación de
las vedas de 1998 y 1999);
(3)
Cambios tecnológicos rápidos
(sistemas de
acuacultura rural);
(4)
Intervenciones que afectan de forma negati-
va la transmisión de una generación a otra de
los principios operacionales sobre los cuales se
basa el sistema comunitario de administración
y gestión
(programas y proyectos que igno-
ran y desplazan el conocimiento tradicional,
los valores comunitarios y las autoridades
comunitarias, afectando la identidad y rom-
piendo la reproducción del sistema socioeco-
nómico local);
(5)
Dependencia exagerada de la ayuda externa
y cooperación internacional que no toma en
cuenta las instituciones y los conocimientos lo-
cales autóctonos
(existe una fuerte dependen-
cia en los programas de apoyo de gobierno
en los que aparecen oportunistas ajenos a la
comunidad; los proyectos se adaptan bus-
cando la aprobación de la fuente de finan-
ciamiento y no las necesidades reales de la
población);
(6)
Corrupción y otras formas de comportamiento
oportunista
(como se sospecha que existe en
torno al manejo de los apoyos, lo cual ha sus-
citado desconfianza y conflictos).
A esta lista, Aída Castilleja añade que “en el
diseño de las políticas públicas y en su aplica-
ción prevalecen visiones de homogeneidad de
los ámbitos naturales y sociales a los que estas
se dirigen, así como en términos de los meca-
nismos que se definen para su operación”. Se
refiere, por ejemplo, a los programas de gobier-
no que asumen que es posible aplicar de forma
efectiva la misma fórmula de política pública
para impulsar el desarrollo o el manejo sosteni-
ble de los recursos naturales en localidades que
viven situaciones sociales y ecológicas diver-
sas. Ante esto, la autora defiende los procesos
de auto-diagnóstico y planeación comunitaria
que retoman propuestas específicas generadas
localmente para definir una propuesta regional
(en lugar de lo opuesto que ha sido el esquema
más común hasta ahora), tal como lo realizó
Servicios Alternativos para la Educación y el De-
sarrollo (SAED, A.C.) con apoyo de dependencias
del gobierno estatal en 2003.
Fuera de esfuerzos como éste, en los programas
para la cuenca prevalece una “visión mecánica”
y vertical en donde la planeación y diseño de los
objetivos y las formas de organización y trabajo
que se generan a nivel estatal y federal “bajan”
para ser aplicados a las comunidades locales,
mismas que deben ajustarse a los lineamientos
establecidos por instancias de gobierno de otro
nivel (Castilleja, 2004). De modo que las deci-
siones que definen la acción pública
se toman
