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• Viviendas con materiales rudimentarios y condiciones higiénicas y
de saneamiento precarias.
• Corrupción política y manejo clientelar de la población residente.
• Migración urbana-rural de otras localidades deprimidas que buscan
mejores medios de vida y que las áreas periurbanas les permite
contar con un asentamiento, para acceder a un empleo o subempleo
que no encuentra en sus sitios de origen, sobre todo en las grandes
zonas metropolitanas.
• Ocupación en zonas consideradas de vulnerabilidad con riesgos
de afectación por fenómenos extremos, cauces de ríos, barrancas,
partes bajas inundables etc., o en áreas alejadas y de difícil acceso,
en el que los servicios convencionales no pueden ser implementados,
ya sea por los costos o por la propia topografía que hacen inviable la
inversión en infraestructura.
La condición de marginación e ilegalidad que priva en los asentamientos
periurbanos no es atendida por las autoridades gubernamentales; los
prestadores de los servicios se ven imposibilitados de apoyarlos o de
implementar programas o medidas de apoyo como sucede a poblaciones
rurales o urbanas que tienen asegurados sus derechos como ciudadanos. Ante
este panorama, se hace necesario resolver la situación de los servicios básicos
para la salud y la sobrevivencia en las áreas periurbanas, particularmente
del agua potable y drenaje (incluido el saneamiento de las aguas residuales).
Actualmente, muchas ciudades latinoamericanas proveen los servicios
de abasto de agua, saneamiento y recolección de residuos sólidos, basados
en esquemas centralizados de manejo de dichos servicios. Esta manera
de administrar los servicios genera situaciones que dificultan extender
los mismos con prontitud y de manera adecuada por las condiciones de
asentamiento, terrenos precarios, falta de apego a la ley, condiciones físicas
del suelo, lugares de alto riesgo a inundaciones, deslaves y otros factores.
