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El derecho humano al agua y al saneamiento. Un problema de equidad social
Cuadro 2. Interpretaciones en torno al
dhas
.
INTERPRETACIONES
INCORRECTAS
INTERPRETACIONES CORRECTAS
El derecho al agua y al
saneamiento implica que
estos servicios deben ser
suministrados sin costo.
El agua es un recurso natural, escaso y valioso. Es un bien social y económico. Esto
significa que aquellos con capacidad para pagar deben hacerlo, con el propósito de asegurar
la sostenibilidad de los servicios hídricos. No obstante, los sistemas tarifarios deben ser
ajustados según las capacidades de pago de diferentes grupos de usuarios. El derecho
humano también exige acceso a cierta cantidad de agua necesaria para la supervivencia,
incluso a cambio de ninguna compensación o de una compensación limitada. Esto último
es aplicable únicamente en situaciones excepcionales de extrema pobreza o en una crisis
que involucre refugiados. En cuanto al saneamiento, los gobiernos no están obligados
a proporcionar servicios gratuitos. De las personas que pueden pagar los servicios de
saneamiento se espera que puedan contribuir financieramente.
Un Estado viola el derecho
al agua si no todos, dentro
de su territorio, tienen
acceso a agua potable
de calidad aceptable
de manera suficiente y
asequible.
Un Estado compromete el derecho al agua si el gobierno no emprende acciones estratégicas
dentro de sus medios para actuar de la forma más expedita y efectiva posible para alcanzar
por completo el derecho. Al mismo tiempo, es necesario que el Estado continúe mejorando el
acceso y la calidad de otros servicios básicos, tales como la educación y la salud.
El derecho al agua requiere
que los servicios de agua
y de saneamiento sean
provistos por entidades
públicas, i.e. instituciones
propiedad del estado.
Cada país puede escoger un modo legal para proveer el servicio, sea este público o
privado, a través de diferentes
ong
o de organizaciones de base comunitaria. Los gobiernos
deben ejercer control efectivo y son, en última instancia, responsables de la disponibilidad,
accesibilidad, asequibilidad y calidad de los servicios. Ellos deben asegurar que los servicios
sean prestados, de acuerdo con los estándares nacionales existentes y las obligaciones del
derecho humano.
El derecho al saneamiento
exige a los gobiernos la
construcción de servicios
sanitarios domésticos y la
provisión del acceso a los
sistemas de alcantarillado.
Los gobiernos no están obligados a construir servicios sanitarios domésticos. La
responsabilidad legal recae en los propietarios o en los ocupantes mismos. Sin embargo, los
gobiernos deben apoyar la creación de un entorno propicio, es decir, las condiciones marco
que conducen a la realización progresiva de los servicios básicos de saneamiento para
todos. El derecho humano al saneamiento no dicta ninguna tecnología específica.
