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El derecho humano al agua y al saneamiento. Un problema de equidad social
donde el agua, aparte de un factor económico, productivo o simbólico– es
concebido como un bien común y perteneciente a su pueblo. A través de las
concesiones de agua, si bien se apoya a la industria, a las grandes y mediana
empresas, al turismo y a la agricultura, también se ha generado que regional-
mente los recursos hídricos se concentren o de plano tiendan a monopolizarse,
por lo que la disponibilidad de los recursos y los costos, por ejemplo para
dotar de servicios básicos a las localidades, se eleven, mientras el precio
del agua concesionado a los grupos empresariales no se paga al costo real.
Además, es alarmante que si bien se registran en el territorio 101 acuíferos
sobreexplotados (Conagua, 2012), oficialmente se reconoce que no se tienen
datos suficientes sobre la apertura y usufructo de pozos ilegales, pero sí se
asiente que estos, en algunas cuencas, pueden ser equivalentes a los que se
tienen legalmente concesionados. Por ejemplo, para la zona metropolitana
del Valle de México, el presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Raúl Llanos Samaniego, en
una entrevista con el periódico
La Jornada
, afirma que de los 6,071 pozos
de agua, 3,048, son clandestinos, y que varios pertenecen a grandes em-
presas y corporativos, los cuales no pagan ningún derecho por usufructuar
este recurso. Este es el caso –de acuerdo con este mismo legislador– de
una embotelladora perteneciente a la empresa refresquera Coca-Cola, la
cual se beneficia de un pozo de agua en sus instalaciones localizadas en la
delegación Ermita Iztapalapa y que, con respecto al uso irregular del agua
comenta: “Así como ese hay muchos casos en esta ciudad, de grandes em-
presas que perforan el subsuelo sin autorización ni pago alguno para tener
pozos irregulares, pese que privan del líquido a la gente de otras zonas.” (
La
Jornada
, 26-11-2009).
El propio ex director de la Conagua, José Luis Luege, asintió en entrevista
a un medio radiofónico que, en el ámbito nacional, se tienen “focos rojos”
por el número de pozos perforados sin autorización y prácticas ilegales de
venta de agua en pipas y que preveía, en 2011, clausurar 3,500 pozos ile-
gales en el territorio nacional. (Radiodifusora
xhepl
, Chihuahua, 5-29-2011).
De acuerdo con este mismo funcionario, en el país, durante 2009, se clau-
suraron setecientos pozos y otros 2,264 en 2010. Se reconoce que la base
de datos de la Conagua es incompleta y que en varias entidades del norte
y centro del país se presentan situaciones críticas de disponibilidad hídrica,
derivada por la apertura y explotación ilegal de pozos agrícolas clandestinos.
