78
Tecnología y Ciencias del Agua
, vol. VIII, núm. 1, enero-febrero de 2017, pp. 65-80
Cervantes
et al.
,
Gobierno y administración local del agua potable en la Ciénega de Chapala, Michoacán, México
•
ISSN 2007-2422
adquisición e instalación de tanques de alma-
cenamiento; perforación de pozos; ampliación
de la red de distribución de agua potable; ins-
talación de redes de drenaje doméstico. Por lo
regular, las instancias gubernamentales aportan
los recursos económicos para la compra de tube-
ría, tanques, pago de los estudios técnicos para
la perforación de pozos y compra de bombas,
en tanto que las organizaciones comunitarias
participan con mano de obra y con una parte
de los costos. Estos procesos de cogestión con-
tribuyen de manera importante a sostener los
sistemas de agua potable, dado que las cuotas
o tarifas que pagan los usuarios sólo recuperan
los costos administrativos y de mantenimiento
menor, y no están planeadas para tener un
fondo de ahorro para inversiones a futuro en
la infraestructura mayor. Otras actuaciones de
cogestión que se registraron fueron la cons-
trucción del drenaje urbano en la comunidad
de Pueblo Viejo, y la instalación de un tanque
de almacenamiento de agua, rehabilitación de
otro tanque y la ampliación de la red de dis-
tribución en una colonia de la comunidad de
Los Remedios. Las inversiones para estas obras
fueron tripartitas: usuarios, gobierno municipal
y gobierno del estado. Estos apoyos financieros
gubernamentales se han utilizado en algunos
casos para presionar a las organizaciones comu-
nitarias a fin de que traspasen el manejo de los
sistemas a los organismos operadores de agua
municipales (OOAPAS), situación a la que se ha
opuesto la mayoría de las comunidades. Algu-
nas comunidades rurales de la zona de estudio
sí han transferido la administración del sistema
al municipio (caso de algunas comunidades del
municipio de Sahuayo, Michoacán). La ausencia
de un reconocimiento legal de las organizacio-
nes comunitarias para el abasto del agua potable
abre la posibilidad a este tipo de presiones por
parte de las autoridades municipales y debilita
los sistemas autogestivos. Otros factores que
provocan el fracaso de este tipo de organiza-
ciones se ha atribuido a la imposibilidad de
establecer y seguir reglas en el uso del recurso
debido la heterogeneidad social, ausencia de
un sentido de comunidad y baja dependencia
del recurso, entre otros (North, 1990; Acheson,
2006).
Otros investigadores han señalado las
dificultades que enfrentan las organizaciones
comunitarias por las limitantes en el marco
jurídico y proponen lo que sería un cuarto nivel
de gobierno para tales organizaciones (Olmedo,
2005; Lozano, 2012). Sarker (2013) menciona
el caso de organizaciones comunitarias en el
manejo de agua de riego en Japón, donde las
acciones del Estado están dirigidas a fortalecer
el manejo autogestivo. El Estado no se involucra
en las actividades operativas locales del sistema,
a pesar de participar de forma sustantiva con
apoyos financieros y técnicos, y ha reconocido
legalmente estas organizaciones comunitarias
desde la posguerra a través de la Ley de Mejo-
ramiento de Tierras. El autor relaciona de modo
directo este tipo de actuaciones del Estado con
el fortalecimiento de las organizaciones de
regantes autogestivas y menciona que con esto
ha evitado lo que se denomina “la tragedia de
los comunes” en estos sistemas en Japón. Una
situación similar muestran Giménez y Palerm
(2007), y Pimentel y Velázquez (2008) para el
caso de las organizaciones de regantes en Es-
paña. En México, alcanzar un reconocimiento
legal para las organizaciones comunitarias
o de usuarios del agua potable fortalecería el
manejo local del recurso hídrico en tres aspectos
básicos: 1) asignación de recursos financieros
y apoyos técnicos sustantivos por parte del
Estado, lo cual reduciría las limitaciones de
infraestructura que actualmente padecen estas
organizaciones; 2) la legalización de las formas
de autogobierno y autogestión puede mejorar
la participación de los usuarios, al ser normas
con un consenso social probado, y es capaz de
estimular la consolidación de otras organizacio-
nes locales ya existentes en otros ámbitos del
manejo de recursos comunes (tierras, bosques,
infraestructura urbana) en las comunidades
rurales, significando para el Estado una menor
carga burocrática y administrativa; y 3) ante la
existencia de posibles fraudes financieros inter-
nos, las organizaciones de usuarios tendrían el
apoyo directo del Estado para corregir desvíos.
