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Los servicios de agua potable y saneamiento en México: compromiso de calidad
u obligación constitucional
del cumplimiento de ciertas obligaciones contractuales
como del seguimiento de su desempeño. Por ejemplo, si el
gobierno es parte del contrato, y luego también lo administra
directamente, incluyendo el seguimiento de las provisiones de
desempeño, podría haber desafíos en cuanto a imparcialidad
y credibilidad, en particular si el gobierno no cumple ciertos
compromisos contractuales, tales como obligaciones de
inversión.
La segunda variante prevé los aspectos del contrato que deben
realizar los terceros. Dichos contratos de regulación podrían
incluir el uso de paneles de arbitraje para disminuir el sesgo
de ser juez y parte.
En la tercera variante, se crea un acuerdo enfocado a detallar
aspectos específicos de la prestación de los servicios, tales
como modificaciones tarifarias, renovación de concesiones,
cambios en los estándares de calidad, entre otros. En este
esquema, está contemplada la existencia de una figura
regulatoria, quien administra dicho acuerdo. En este caso,
el acuerdo regulatorio complementa, pero no elimina al
regulador, sin embargo, la acción reglamentaria del regulador
es limitada. Bajo este esquema, podemos encontrar organismos
operadores municipales que desempeñan sus funciones bajo
concesiones o contratos por la prestación total o parcial de
alguna componente del proceso de provisión de los servicios.
En México son pocas las experiencias vigentes de prestadores
de servicios de agua potable y saneamiento bajo esquemas
de participación pública-privada. Las ciudades de Cancún,
Saltillo, Aguascalientes y Puebla cuentan con modelos de
