9
Cuando se habla de los servicios de agua potable
y saneamiento, frecuentemente se hace alu-
sión a su calidad, a sus niveles de eficiencia, a
sus tarifas suficientes o insuficientes y a sus sis-
temas de cobro, pero poco se dice de la cantidad
de funciones que implican tanto su prestación
como la determinación de los costos asociados.
Esto es particularmente importante en una co-
yuntura en la que se establece el derecho humano
al agua y se pretende alcanzar la universalidad
del acceso al agua potable y al saneamiento. La
legislación mexicana establece, y esto no ha sido
cambiado por ninguna de las modificaciones
a la ley, que los servicios están a cargo de los
municipios y por ende de los organismos que los
propios municipios crean para cumplir con este
mandato.
Es indudable, como bien lo marca la modifica-
ción al artículo cuarto constitucional, que tiene
que existir un proceso de corresponsabilidad
plena entre los diferentes órdenes de gobierno
y la sociedad para cumplir con el derecho hu-
mano al agua; sin embargo, también es evidente
que sin la modificación del artículo 115 consti-
tucional, la función de hacer llegar los servicios
a la población continúan bajo la responsabilidad
y la jurisdicción de las autoridades municipales.
Por lo tanto, no corresponde a los estados ni a la
Federación la prestación de estos servicios, pero
sí la corresponsabilidad para establecer las con-
diciones que hagan posible el cumplimiento del
mencionado derecho constitucional.
Lo anterior implica que, al margen de la cons-
trucción de la infraestructura y de la dotación
de los volúmenes de agua necesarios para que
los municipios cumplan con su función, el aca-
tamiento del derecho depende de la existencia
de entes municipales, descentralizados o no,
concesionados o bajo administración directa,
que presten en forma sostenible los servicios de
agua y saneamiento.
Los servicios de agua potable y saneamiento en
las zonas urbanas, y aun en las comunidades ru-
rales, revisten una complejidad que no se limita
a la simple operación de equipos de bombeo y la
construcción de obras, sino que incluye acciones
concretas que permiten garantizar la calidad
mínima indispensable del agua entregada, la
depuración de las aguas residuales y el estable-
cimiento de un sistema de cobro para recuperar,
en parte o en su totalidad, el costo de los servi-
cios para mantener la salud de la población así
como del desarrollo social y económico.
El establecimiento de tarifas por los servicios in-
cluye la consideración de la capacidad económica
Introducción
1
