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INTRODUCCIÓN
E
n las últimas dos décadas, México ha asumido el
reto de implementar esquemas regulatorios en áreas
estratégicas para el desarrollo económico, como lo son,
los sectores de energía y telecomunicaciones. Estos sectores
cuentan con entidades reguladoras, encargadas de equilibrar
los intereses de los actores que intervienen en la producción de
bienes o servicios de estas áreas, a través de diversos controles
o incentivos a los agentes económicos.
Estas instituciones han tenido un rol fundamental en la
condición del entorno económico y social del país, pero al
mismo tiempo, han experimentado el reto de ejercer funciones
regulatorias como una interfaz entre el gobierno, la sociedad
y el sector privado.
Bajo este contexto de reformas; el sector de los servicios
municipales de agua potable y saneamiento tiene un carácter
estratégico en la seguridad hídrica de la sociedad, sin
embargo; presenta debilidades en el arreglo institucional
que han obstaculizado su crecimiento y distorsionado la
percepción de derechos y obligaciones tanto de usuarios
como operadores, creando un ambiente propicio para que los
organismos operadores impongan sus condiciones para la
oferta de los servicios que proveen a los ciudadanos.
Con ello, se ha perdido gradualmente no solo su calidad,
también se ha puesto en riesgo la sostenibilidad de los
