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Debido a la insuficiente asigna-
ción de recursos públicos para atender las deman-
das crecientes de las ciudades, las políticas públicas hídricas enfrentan
diversas dificultades: la primera son los altos niveles de pobreza y, por lo
tanto, la baja capacidad de pago de la población de las zonas periurbanas;
adicionalmente, éstas se encuentran alejadas de las redes existentes y en
muchos casos las viviendas se extienden a zonas topográficas de difícil
acceso, lo que encarece la construcción de infraestructura necesaria para
brindar dichos servicios.
Los gobiernos no han generado las capacidades para contrarrestar esta si-
tuación que prevalecen los criterios económicos (cantidad de población be-
neficiada o relación costo-beneficio), tienden a reproducirse las asimetrías
y desventajas de la población periurbana. Por otro lado, los procesos de
descentralización y transferencia de la provisión de servicios hacia los go-
biernos locales (municipales y departamentales) no han estado acompaña-
dos de suficientes recursos institucionales, técnicos y presupuestales para
el cumplimiento de sus funciones. Los esquemas de asociación pública-pri-
vada están a prueba, ya que se ha reportado el encarecimiento desmesura-
do de los servicios o la indiferencia para atender a la población pobre tanto
del campo como de las ciudades.
